El juez federal Daniel Rafecas validó los allanamientos a la inmobiliaria de Máximo Kirchner y los hoteles de la familia presidencial en la provincia de Santa Cruz, realizados por orden del juez Claudio Bonadio con fuerzas de la Policía Metropolitana.

Así lo informaron ayer fuentes judiciales y agregaron que el juez, a la vez, anuló la pericia contable que había empezado a realizar sobre la documentación secuestrada y la convocatoria al cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo, Rafecas rechazó el pedido de la diputada nacional Margarita Stolbizer, denunciante original en la causa, de constituirse como parte querellante.

Rafecas, según evaluaban ayer en ámbitos políticos y judiciales, tomó una decisión equilibrada. Anuló lo que la Cámara Federal había anulado y mantuvo lo que el juez Claudio Bonadio había conseguido.

LA DECISION

El juez mantuvo la validez de las pruebas que fueron obtenidas antes de que en una decisión con enorme contenido político, la Sala I de la Cámara Federal apartara a Bonadio del caso Hotesur

Rafecas, defenestrado por el oficialismo cuando ordenó en 2012 allanar el departamento del vicepresidente Amado Boudou por el Caso Ciccone, reafirmó lo que había dicho la Cámara y anuló la designación de peritos contables que iban a estudiar la documentación del Caso Hotesur. No se movió una coma de lo que hicieron los camaristas que apartaron a Bonadio.

Rafecas, “reconciliado” con el oficialismo en 2015, cuando inició el camino para el cierre de la causa abierta por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta , validó los procedimientos ordenados por Bonadio y realizados por la Policía Metropolitana, que habían provocado una dura reacción del Gobierno. A los pocos días de aquellos procedimientos (uno de ellos fue el allanamiento a la inmobiliaria de Máximo Kirchner) fue el apartamiento de Bonadio.

El juez Rafecas sostuvo que todo se hizo de manera correcta y que por eso la documentación obtenida -decenas de cajas- tiene que ser analizada para determinar si hubo o no delito. Lo que se investiga es si en la empresa hotelera de la familia Kirchner hubo operaciones de lavado de dinero relacionadas con aportes hechos por firmas del constructor Lázaro Báez principal beneficiario de la obra pública patagónica desde 2003.

LO QUE VIENE

A Rafecas le queda analizar ahora los estados contables de las empresas bajo investigación y para eso deberá ordenar -tarde o temprano- un peritaje donde utilizará la documentación obtenida por Bonadio. Mientras tanto, la misma Sala de la Cámara que apartó a Bonadio debe decidir si el Caso Hotesur queda en el juzgado de Rafecas o es enviado al juzgado federal de Santa Cruz como pidieron los imputados.

Hasta que esa apelación se resuelva, no habrá mucho movimiento en el expediente que más interesa a los operadores judiciales del kirchnerismo. Al menos eso es lo que creen en el propio ámbito judicial.

En el Gobierno admiten que la de Hotesur es la causa más sensible y la que más preocupa al Gobierno. primero porque involucra directamente a la Presidenta y a su familia. Y además porque se vincula con los el complejo entramado de la obra pública en esta década.