Los hechos de violencia policial que desde un tiempo a esta parte vienen tomando estado público no son aislados y marcan la existencia de una equivocada formación profesional, que debe ser revisada en forma urgente para evitar su repetición. Por otro lado, la provincia ha sancionado recientemente una ley de seguridad pública de matriz democrática, donde las fuerzas de seguridad deben cumplir un rol de garantes de los derechos y las garantías de los ciudadanos, y de ninguna manera contribuir a su vulneración.

La Asociación Pensamiento Penal exhorta a las autoridades públicas para que destinen y afecten todos sus esfuerzos para garantizar el normal funcionamiento de las fuerzas de seguridad como garantes de los derechos de la ciudadanía y, principalmente, de los ciudadanos que menos posibilidades tienen de ejercer los derechos y ser oídos.