Durante esta semana, integrantes de la Red de Salud Popular “Ramón Carrillo” de Chaco mantuvieron una reunión con vecinos de Las Breñas, en el sudoeste de la provincia, que se mostraron alarmados por la proliferación de casos de cáncer en niños y adolescentes.

Los pobladores chaqueños informaron que aún continúan las fumigaciones aéreas en cercanías de las zona urbana, pese a la sanción del gobierno provincial de la Ley de Biocidas.

“Las denuncias se toman en el municipio, que luego eleva al ministerio de Planificación pero desconocen el tratamiento que se les da posteriormente”, dijo Alejandra Gómez, asesora legal de la Red “Ramón Carrillo”, al tiempo que sostuvo “lo que se debería hacer y no se hace es hacer un seguimiento y resguardo de la población afectada”.

En declaraciones a Radio Ciudad, comentó también que “recientemente a raíz de una de las denuncias que se hizo en Napenay se hicieron análisis de la toma de agua y dio que tenía residuos de un insecticida. Las denuncias en ese momento eran por fumigaciones aéreas. Lamentablemente los resultados los conoce la familia cuatro meses después de que se hicieron las fumigaciones”.

Una ley que no se cumple

Desde la de la Red de Salud Popular “Ramón Carrillo” reiteran la necesidad de que se revalúe la toxicidad del glifosato utilizado en la actividad agrícola.

“A partir de que la Organización Mundial de la Salud reconoció que el Glifosato es probablemente cancerígeno según informes de la Agencia Internacional del Cáncer publicado en marzo de este año, lo que nosotros pedimos es que se proceda a la reevaluación del glifosato y los formulados que contengan estos principios activos”, señaló Gómez.

La abogada recordó que la Ley de Biocidas, en su artículo 4, establece que anualmente la autoridad de aplicación debe hacer la reevaluación de los principios activos que se utilizan en la provincia. “El decreto reglamentario establece además que tendrán en cuenta las recomendaciones de la OMS”, remarcó.

“Ante esta nueva clasificación de los efectos del glifosato lo que pedimos es que se cumpla con lo que establece el artículo cuarto de la Ley de Biocidas”, señaló Gómez y añadió: “también pedimos que mientras dure este proceso de reevaluación solicitamos un proceso de participación ciudadana y la aplicación de medidas de restricción como una medida cautelar respecto a los efectos que pueda producir esta sustancia en la salud humana y el ambiente”. (InfoGEI) Ga