Viernes
3 de Abril de 2026
17 de diciembre de 2025
El dueño de una empresa de aditivos alimenticios reclamó por una sentencia judicial que consideró infundada tras la demanda de un ex empleado. La jueza que lo sancionó es Lucrecia Pedrini, la misma del “caso Piégari”
“Fue por un descuido, por no prestar atención a su trabajoâ€, explicó el empresario. Tras ese episodio, la firma dispuso una suspensión de 15 dÃas, pero el empleado se consideró despedido y avanzó con la demanda judicial. “No es que vino a hablar conmigo o con alguno de mis hijos para decir que le parecÃa injustoâ€, sostuvo Fiore en “Alguien tiene que decirloâ€, el programa de Eduardo Feinmann en Radio Mitre.
El monto final de la condena, explicó Fiore, se incrementó de manera significativa por la aplicación de intereses. “Se aplicaron cargos e intereses. Si yo pudiera conseguir esa tasa de interés que ellos aplican, que no sé si es de Marte o de la Luna, serÃa del 20% mensual, aproximadamenteâ€, cuestionó. La sentencia, dictada el 13 de junio de este año, habÃa fijado originalmente una condena de $3.018.834. Sin embargo, El empresario también destacó que el ex empleado vivÃa en Chacabuco y que la empresa le habÃa dado una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires para que pudiera instalarse con su esposa. “Yo no puedo entender realmente esta situaciónâ€, afirmó.Fiore remarcó que El Bahiense tiene 72 empleados, todos registrados, y aseguró que la compañÃa cumple con todas sus obligaciones fiscales y laborales. “No se puede seguir castigando a las empresas. Tengo 73 años, no somos los papás de las personas. Nosotros nos ocupamos de dar trabajoâ€, señaló. Además, apuntó contra el accionar legal en el caso. Mencionó que el trabajador “contrató al abogado José Luis Guillot, socio de Ãlvaro Ruiz, ex subsecretario de Relaciones Laborales en el ministerio de Trabajo que condujo Carlos Tomada >“No se imaginan la voracidad de los abogados, en decir cualquier cosa y poner a cualquier testigo. A mÃ, en un punto, me darÃa vergüenzaâ€, expresó Fiore.Uno de ellos es el ya mencionado del restaurante Piegari. Su dueño, Alberto Chinkies, cuestiona una sentencia que ordenó un embargo preventivo de $155 millones en un juicio iniciado por un ex empleado que se consideró despedido durante la pandemia.
Del otro lado, el ex empleado, que trabajó 26 años como mozo, reclama salarios adeudados, indemnización y la regularización de su contrato. Niega haber abandonado el puesto y asegura que se encontraba con licencia por una enfermedad de base durante la pandemia.
El conflicto se originó tras la demanda de un distribuidor que se consideró despedido, y el fallo laboral incrementó la deuda en más de un 1.200%. Aunque la firma apeló ante la Suprema Corte bonaerense, el embargo paralizó su actividad comercial y puso en riesgo su continuidad.