Una adolescente de 14 años falleció durante un procedimiento de aborto legal en Uruguay en diciembre pasado, según denunciaron este viernes 23 de enero del 2021 agrupaciones feministas y confirmaron autoridades de la Administración de Salud del Estado (ASSE), que investiga el hecho.

En un comunicado difundido por redes sociales, la Red de Acompañamiento Feminista en Aborto 'Las Lilas' informó de que la adolescente murió de septicemia tras someterse al procedimiento para abortar en el hospital de la capital del departamento (provincia) de Treinta y Tres (este).

La organización social, integrada por agrupaciones feministas de 10 de los 19 departamentos del país, expresó "con enorme dolor" que el deceso se dio una semana después de que la joven cumpliera con el proceso que exige la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en Uruguay en 2012.

Según Las Lilas, el hecho fue reportado al Comité de Muerte Materna que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública y la familia de la joven hizo la denuncia en el sistema judicial.

"Importa recordar que las causas que generan muertes durante el embarazo, parto, aborto o puerperio son, en general, evitables si se actúa adecuada y oportunamente desde los servicios de salud", detalló la red, que manifestó su preocupación por el silencio que se mantuvo al respecto y apuntó que espera que las autoridades den explicaciones.

Por su parte, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, confirmó que la administración que tiene bajo su cargo la red de servicios sanitarios públicos de todo el país lleva adelante una investigación administrativa sobre el tema que estaría finalizada a fines de enero y hasta entonces no se brindará declaraciones al respecto.

Antes de que la Ley de IVE o Ley del aborto fuera aprobada en octubre de 2012, bajo el mandato del entonces presidente José Mujica (2010-2015), el proyecto fue vetado por su antecesor Tabaré Vázquez, quien, por ser médico, argumentó que ponía en una posición injusta a los profesionales de la salud.

La ley uruguaya, cuyo proceso de debate y aprobación fue considerado un ejemplo para varios países de la región, no legaliza técnicamente el aborto sino que lo despenaliza antes de las doce semanas siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.

Entre ellos, las pacientes deben pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que le asesorarán sobre los riesgos de practicarse un aborto e incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.