La Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, concluyó este lunes que hay fundamentos razonables para creer que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro sí son responsables de crímenes de lesa humanidad.

Según la Corte, hay fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos“, detalla el informe del CPI.

La resolución de la CPI sostiene que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos“.

En el comunicado, el órgano internacional enumeró las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: “: la Policía Nacional Bolivariana; (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”.

El documento también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.

“La información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”, indicó el reporte.

Por otro lado, la CPI le dedicó un párrafo a las críticas de la Organización de Estados Americanos en relación a la poca velocidad con la que se estaba llevando a cabo el proceso de investigación.

“La Fiscalía lamenta el tono y la forma del informe emitido por la Secretaría General de una organización internacional con la que la Fiscalía y la Corte como un todo esperan cooperar en un espíritu de buena fe y de colaboración mutua”, apuntó contra Luis Almagro.

El objetivo de la Corte Penal Internacional es concluir el examen preliminar en la primera mitad de 2021 para determinar si existe fundamento razonable para iniciar una investigación. En caso de encontrar fundamentos, pasaría a la siguiente etapa del proceso legal y se juntaría nueva evidencia para luego identificar a quienes serían acusados formalmente por la Corte.