Mientras tanto el ministro de Salud Ginés González García está diseñando un plan de vacunación obligatoria para este fin de año para no menos de 13,5 millones de personas, entre personal de salud y grupos de riesgo, como primer y necesario paso para llegar a toda la población en marzo del 2021.

Por orden del presidente Alberto Fernández, a pesar de no tener plazos, el titular de la cartera de Salud seguirá un orden establecido de prioridades a la hora de la elección, en cuanto a la o las vacunas estén disponibles, según informó el diario La Nación.

"Primero el cuándo, después el cuántos y por último (aunque no menos importante) el cuánto", afirman desde el segundo piso del edificio que mira a la 9 de julio.

Mientras tanto el Gobierno intenta frenar con las herramientas ya conocidas la propagación del virus en el Interior del país, y el Ministerio de Salud negocia plazos y precios con cinco compañías: Oxford-Astra Zeneca (Gran Bretaña), Sinopharm (China), Sputnik (Rusia) Jansen y Pfizer (Estados Unidos).

Por el momento, la vacuna de Pfizer es la que está más avanzada, mientras que la de Astra-Zeneca, que producirá y distribuirá en nuestro país el empresario Hugo Sigman, tiene la ventaja del precio unos 4 dólares por dosis contra 37 de la empresa Moderna, con la que Argentina aún no firmó acuerdos y que parece destinada únicamente al mercado estadounidense. También Sinopharm, con la que trabaja la fundación Huésped de Pedro Cahn, está entre las más esperadas.

"La selección será científica y a la vez geopolítica", comentó el ministro de Salud, Ginés González García, que reconoce la interna que hay entre las empresas para que la compra se realice a un solo laboratorio. Desde el entrono del ministro señalan que salvo Jansen, el resto de las opciones incluye la obligatoriedad de una segunda dosis que aseguraría su efectividad.

Lo que sí está definido es la obligación de vacunarse de cada ciudadano: "Hay una ley de vacunas que hay que cumplir. Y más en este caso donde la responsabilidad es individual y colectiva", afirman, aunque no prevén por el momento castigos o penalizaciones para aquellos que decidan no recibir la vacuna.