Las fuentes que denuncian los atropellos contra la prensa libre tienen sobrado prestigio, nadie puede dudar de que lo que se cuenta es real. Quienes defienden el régimen venezolano deben hacer vista gorda a la realidad contada en primera persona de periodistas confiables. No denunciar estas violaciones a los derechos humanos convierte a nuestros políticos en cómplices de dichos delitos.

Fernanda Kobelinsky cuenta en su nota en Infobae que las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, la prestigiosa ONG Espacio Público denuncian que los periodistas son perseguidos por las fuerzas de seguridad venezolanas. El aparato legal en favor de gobierno hace perder sus licencias a los medios opositores, les falta tinta y papel para imprimir los ejemplares y hasta encarcelas a periodistas, con denuncias de tortura física y psicológica para que dejen de realizar su trabajo.

Entre 2014 y 2019, Venezuela cayó 32 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras, ocupando el lugar 147 de 180 países. Según Espacio Público, sólo en septiembre de este año se registraron 49 violaciones a la libertad de expresión. Los casos documentados -explican- incluyen la intimidación, el hostigamiento judicial y las amenazas directas. La mayoría de las víctimas (un 48%) fueron periodistas.

Dentro de los mecanismos utilizados para silenciar, se menciona la compra por parte del Estado de los medios de comunicación desde los cuales se impone la voz oficial. Luego a través de testaferros el régimen compró los grandes medios venezolanos. En tiempos de Maduro ya son pocos los periodistas que hacen honor a su profesión, que no es otra que la de incomodar al poder de turno desvelando lo oscuro y transparentando la función pública.