En plena pandemia por coronavirus, el Gobierno de Alberto Fernández estableció los “principios generales” que se tendrán que contemplar a la hora de acceder a la vacuna contra el coronavirus.

Si bien las diversas fórmulas aún no fueron aprobadas y se encuentran en plena fase de experimentación, el  Ejecutivo formalizó los criterios para obtener las dosis a través de la decisión administrativa 1721/2020, publicada este viernes en un suplemento del Boletín Oficial.

La medida fue oficializada el mismo día que el presidente Alberto Fernández anunció una nueva extensión de la cuarentena hasta el 11 de octubre.

De esta manera, se facultó al Ministerio de Salud que conduce Ginés González García para avanzar en las gestiones de compra de la vacuna, que podrán ser financiadas “total o parcialmente por el Tesoro Nacional o mediante préstamos de organismos internacionales”.

Según lo establecido por la Casa Rosada, la adquisición deberá ajustarse a la “razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado”, a la “transparencia en los procedimientos”, y a la “publicidad y difusión de las actuaciones”.

Por otro lado, la resolución contempla la “responsabilidad de los y las agentes y funcionarios públicos y funcionarias públicas que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones”, así como también la “asignación de prioridad para los criterios de seguridad sanitaria y de eficiencia y eficacia en los tiempos de los distintos desarrollos por sobre criterios económicos”.

Además, establece la necesidad de  “propiciar que el Estado nacional cuente en el menor plazo posible con la cantidad suficiente de dosis de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19″.

Por otro lado, aseguró que lo actuado deberá hacerse bajo la supervisión de la Auditoría General de la Nación.

Vacuna contra el coronavirus

Las vacunas más avanzadas contra el covid-19 aún se encuentran en la fase 3 de estudio, en la que se trata de conocer su efectividad a grandes escalas, por lo tanto, la resolución del Gobierno tiende a preparar el terreno para la futura adquisición del fármaco.

Este es el caso de la medicación de Oxford, cuya patente posee AstraZeneca y que se producirá en el laboratorio argentino Mabxience. El objetivo del Gobierno es poder contar con alrededor de 10  millones de dosis que serán destinadas para las personas que integran los grupos de riesgo.