Alberto Fernández se negó a un pedido de la Oficina Anticorrupción que le exigía aclarar quiénes fueron sus clientes en los tres años previos a su asunción como presidente.

Además, se le recomendó renunciar como titular de la firma Inmueble Callao 1960 SA y una licencia como profesor en la Universidad de Buenos Aires, dado que el ejercicio en simultáneo de los dos cargos incumple la Constitución.

El dictamen fue entregado el pasado 19 de febrero y firmado por Félix Crous, titular de la OA, después de un pedido de diputados de la Coalición Cívica, sobre la relación de Alberto Fernández con empresas del Grupo Indalo, de Cristobal López.

“Corresponde requerir al Presidente que informe a esta oficina la nómina de las personas -humanas o jurídicas- a las que haya prestado servicios en los tres años anteriores a asumir la presidencia de la Nación -y la fecha del cese de tales prestaciones- que sean o hayan sido concesionarios o proveedores del Estado, o realicen actividades reguladas por este”, afirma el documento, al cual accedió La Nación.

Pero el 16 de marzo, el actual Presidente rechazó este requerimiento: “No advierto haber incumplido normativa alguna que me obligue a exteriorizar otra información que la oportunamente suministrada”.

La cita de la OA corresponde al artículo 92 de la Constitución Nacional, en donde le aclaran que no puede desempeñarse como profesor de la Universidad de Buenos Aires y como presidente del directorio de Inmueble Callao 1960 SA mientras es Presidente de la Nación, porque este último cargo requiere una “dedicación exclusiva”.

“Es opinión de esta oficina que tal prohibición incluye el ejercicio de la docencia y formar parte de órganos de gobierno de empresas”, manifiesta Crous.

“En lo que respecta a mi condición de presidente del directorio de Inmueble Callao 1960 hago saber que no tiene operación comercial alguna desde mucho tiempo antes de mi asunción como Presidente y así continuó hasta el día de la fecha. La misma solo posee un inmueble de su propiedad y no opera comercialmente. Mi condición de presidente no me exige realizar ninguna operación comercial, ni de ninguna índole, por lo cual en modo alguno será pasible de quedar incurso en un conflicto de intereses”, indicó el mandatario.

Y sobre la UBA, sentenció: “Le hago saber que mi actividad docente, desde el inicio de mis funciones como Presidente, se ha realizado de manera esporádica, en la medida en que las obligaciones propias de mi cargo así me lo permitieron, y del mismo modo continuará en lo sucesivo. Destaco, en este sentido, la importancia de continuar participando en un claustro académico, lo que permite, además de transmitir conocimientos y experiencias, tomar contacto directo con las vivencias de los estudiantes, sus reflexiones, sus inquietudes y sus cuestionamientos. Todo esto representa un insumo de gran importancia para quien, como el suscripto, tiene a su cargo el gobierno de un país por mandato popular”.

Fuente: La Nación