El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto confirmó que le brindó refugio en la Embajada argentina en Quito a María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Obras Públicas del ex presidente Rafael Correa, condenada en una causa por corrupción.

En un comunicado oficial, la Cancillería Argentina aseguró que la ex ministra ecuatoriana (2010-2013) se encuentra alojada en la residencia oficial de la sede diplomática “en carácter de huésped por razones humanitarias”.

Sobre la ex funcionaria correísta pesa, desde abril de este año, una condena de ocho años de prisión a raíz de una investigación en una causa conocida como “sobornos”.

La justicia ecuatoriana la había beneficiado con la prisión domiciliaria pero con la obligación de presentarse periódicamente ante el juez. Duarte, además tiene la prohibición de salir del país y lleva tobillera electrónica.

El gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno (quien fue vicepresidente del gobierno de Rafael Correa), en un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, hizo saber su reclamo y preocupación por el accionar de Argentina. “Duarte fue procesada y sentenciada por los órganos de justicia del país, en el marco de un proceso independiente y con todas las garantías, en el cual ejerció su derecho a la defensa” sostiene el comunicado.

El comunicado agrega: “Duarte fue condenada por un delito prescrito en el Código Integral Penal” y “no corresponde la calificación de perseguida política”. El comunicado muestra la predisposición del gobierno de Ecuador de demostrar la legalidad del proceso al sostener que el canciller ecuatoriano se ofreció a “entregar todos los respaldos necesarios de la actuación imparcial e independiente del sistema de justicia”

María de los Ángeles Duarte no es la primera funcionaria correísta sobre quien pesa una condena de la justicia. El propio ex presidente Rafael Correa se encuentra exiliado en Bélgica ya que fue encontrado culpable de corrupción y debe cumplir una pena de ocho años de prisión.

No es la primera vez que la Argentina ofrece protección política a funcionarios investigados por la justicia. Meses atrás el gobierno de Alberto Fernandez le otorgó asilo político al ex presidente boliviano Evo Morales.