El instrumento legal explica que “en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo” de cada jurisdicción, los intendentes están habilitados para emitir normativa destinada a reactivar servicios y actividades. 

La normativa municipal, según estipula el decreto, deberá estar “conforme a la situación sanitaria que registre cada comuna”, y que los servicios y actividades respeten los protocolos y demás condiciones impuestas por la autoridad sanitaria local y provincial.