los cinco integrantes del jury de enjuiciamiento se reunieron en el Salón San Martín del primer piso de la Corte de Justicia de la provincia. Si bien la fecha de la reunión se había pautado con antelación a que se conociera el video, donde se observa, supuestamente, a los jueces de la Cámara de Apelaciones recibiendo dinero de una “coima”, el tema se trató y hasta se habría visualizado el video, para, posteriormente, pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, cuando se expedirán al respecto.   
A la salida de la reunión, en la vereda misma del edificio de la Corte de Justicia, al que no se dejó ingresar a la prensa, los representantes del Poder Legislativo, que integran el tribunal de juicio político, Juana Fernández, Augusto Barros
y Raúl Chico, hicieron breves declaraciones al ser consultados por la prensa, limitándose solo a decir que “se trató el tema y que se pasó para el próximo viernes”, para resolver al respecto. Los funcionarios fueron cautos al momento de emitir algún tipo de valoración en relación al video, que dijeron “todos ya lo vieron”. De la reunión del jury, participaron también la ministra de la Corte de Justicia, Dra. Vilma Molina y los dos abogados representantes del Colegio de Abogados de la provincia.

La investigación penal  
En cuanto a la investigación penal, que se realiza por el carril de la Fiscalía, se supo que, hasta ayer, no se habría resuelto que el fiscal quedaría al frente de la investigación. Si bien la presentación que realizó el lunes al mediodía la Secretaría Penal de la Corte, para que se inicie la investigación de oficio habría recaído en la Fiscalía de Instrucción N° 6 de Delitos Contra la Administración Pública, a cargo del flamante fiscal, Facundo Barros Jorrat, trascendió que el funcionario podría inhibirse en razón de haber trabajado, años atrás, cuando Juan Pablo Morales, uno de los dos jueces sospechados, se desempeñaba como secretario de Seguridad en dicha área del gobierno, lo que lo haría incompatible para desempeñarse en la función de investigador. En subrogancia, la causa podría recaer en la Fiscalía N° 7, a cargo del Dr, Alejandro Gober, pero este tampoco podría intervenir ya que, en su época de secretario, trabajó en la Cámara de Apelaciones junto al otro juez sospechado, el Dr. Raúl Da Pra. Una relación de amistad manifiesta es una causal más que suficiente para la inhibición entre pares en una investigación judicial.  
Por ello, y hasta tanto se resuelva quién instruirá el expediente, donde Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra son sospechados de los delitos de cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito, los magistrados se tomaron licencia y se pusieron a disposición de la Justicia.

“Es una cuestión que la  Justicia necesita solucionar”

FUENTE LA UNION