El proyecto que ingresará en los próximos días declara la necesidad de la reforma del Estado en lo administrativo y funcional, aplicable a la Administración Pública Provincial en todos sus poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), Tribunal de Cuentas; organismos descentralizados; entidades autárquicas; empresas y sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.

Contempla que, en caso de aprobarse el proyecto, cada organismo tendrá 90 días para ejecutar "un plan de reconversión, reforma, restricción o supresión de unidades funcionales, de modo tal de alcanzar su eficientización", lo que implica proponer cambios en el organigrama vigente.

En el capítulo II, referido al ingreso a la Administración Pública, se establece que será por concurso de antecedentes y oposición. Para ello se conformará un Comité de Ingreso al Estado Provincial, integrado por representantes de los tres poderes, encargado de establecer el procedimiento unificado para la sustanciación de los concursos.

El artículo quinto prevé la movilidad laboral que generó resistencia en los sindicatos. Se trata de la posibilidad que tendrá el Estado para trasladar empleados de un área a otra, según las necesidades.

El siguiente artículo dispone suspender por el plazo de tres años la designación y/o contratación de personal, "salvo que se trate de necesidades objetivas directamente relacionadas con las funciones o servicios esenciales".

El artículo octavo contempla la posibilidad de que cada Poder del Estado pueda "reformular y/o simplificar su actual régimen remunerativo, con el objetivo de eliminar desigualdades y lograr una retribución justa e igualitaria conforme a la contraprestación efectiva de servicio recibida por el Estado Provincial por parte de sus trabajadores".

Además, cada organismo estará facultado "para reducir la jornada laboral, reasignar funciones, trasladar su personal, suprimir o limitar la autorización de horas extras o mayor carga horaria, revisar y -en su caso- revocar el otorgamiento de licencias especiales". Además, establece que se propenderá a la implementación del trabajo a distancia u otras modalidades no presenciales que reemplazan la obligación de asistir al lugar de trabajo.

Más adelante incluye la modificación del Estatuto para el personal de la Administración Pública.

Por último, se crea una “Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de la Reforma del Estado” que estará integrada por un representante de los diversos Ministerios del Poder Ejecutivo, el presidente de las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia y un representante designado por el Poder Judicial, que tendrá por el objeto el seguimiento, evaluación y reglamentación de la reforma.

Los puntos de la propuesta

•  Cada poder u organismo estatal deberá presentar un plan de reconversión, reforma, restricción o supresión de unidades funcionales para alcanzar su eficiencia.
•  Los organismos deberán presentar un plan de reformulación y simplificación de los procedimientos en todos los trámites de su competencia para lograr agilidad en su funcionamiento.
•  Se establece un régimen único de ingreso al Estado a través de concursos de oposición y antecedentes.
• Se disponen modalidades de movilidad laboral, atendiendo a las habilidades y capacidades laborales.
• Se suspende la designación de personal por tres años, salvo que se trate de necesidades especiales.
• Se faculta a cada Poder del Estado a reformular y simplificar su actual régimen remunerativo, con el objetivo de eliminar desigualdades.