En un comunicado que lleva la firma de David Cortez  (Satsaid), Juan Vergara (UTA), Luis Suárez (Gráficos), Franco Carabajal  (STVyARA), Walter González (Plásticos), Hugo Reynoso (Apetcra), Amado Montiel (SAL), Jorge Toledo (Aatrac), José Barrientos (UPSRA), Luis Rodríguez (Ceramista) y Gustavo Carrizo (Ajuca) cuestionaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobernador Raúl Jalil, que deroga ley Nº 4562, por el que fueran establecidos los “requisitos a observarse en los recibos de pago dentro de la jurisdicción provincial”.

Bajo el título de “Modernizar el Estado, o…”, los gremialista señalan: “Con mucho dolor observamos el lamentable accionar del Lic. Raúl Jalil, quien llegara a ser el primer mandatario de nuestra querida provincia por el voto de los trabajadores, y a menos de 6 meses de haber iniciado su gestión, una vez más, ha incursionado -salvajemente y sin escrúpulo alguno- en contra de los derechos de los miles de trabajadores que lo han acompañado con su voto en octubre de 2019; derechos que mucho costaron conseguir y que ahora son atacados desde la primera autoridad provincial”.

Luego explican que Jalil “tomó la decisión de vetar, mediante Decreto Nº 673/2020, la ley Nº 4562, que establece determinados requisitos en los recibos de pago ante la Dirección Provincial de Inspección Laboral (DIL), utilizando de ‘escudo’ de la pandemia del Covid-19. Muy triste y oportunista es valerse de una situación así para estas tropelías”.

Asimismo, consideraron que “luego de una minuciosa lectura de este paupérrimo decreto, que no demuestra ninguna necesidad y, menos, urgencia, que como requisitos debe tener un DNU, no se avizora en sus fundamentos una mínima preocupación por los beneficios y/o derechos que esta ley rechazada tenía para los trabajadores, quienes quedarán totalmente expuestos al trabajo en negro y a merced de sus respectivas patronales”.

“Si con esto busca justificar la derogación de la ley Nº 4562, creemos que ha errado penosamente el camino de la Doctrina Justicialista, ya que lo que tendría que preocuparle es la economía del trabajador”, remarcan.

Concluyen los gremialistas: “No consideramos que la ley vetada sea obsoleta; no está modernizando el Estado, está precarizando la relación laboral de miles de trabajadores del sector privado, y, además, por cualquier modificación el gobierno tenía y tiene otros medios”.