“Exclúyese de la postergación prevista en el artículo 1° del Decreto N° 596 del 28 de agosto de 2019 y su modificatorio, a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo identificados en su anexo, cuya tenencia registrada al 31 de octubre de 2019 y titularidad a la fecha de pago corresponda a la Administración Pública No Financiera de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendiendo a estos efectos su Administración Central, Organismos Descentralizados, Fondos Fiduciarios, Cuentas Especiales e Instituciones de la Seguridad Social”, estableció el decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Así, la Casa Rosada dejó sin efecto la postergación de los pagos de la deuda de corto plazo en manos de los gobiernos provinciales para “esas jurisdicciones atiendan sus obligaciones bajo el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, y los Consensos Fiscales aprobados por las Leyes Nros. 27.429 y 27.469”.

La medida se formalizó frente a los crecientes compromisos que afrontan las provincias, como el pago de los sueldos, y ante las extremas dificultades para acceder al crédito privado, fundamentalmente a partir del cimbronazo financiero posterior a las elecciones primarias por el que el gobierno de Mauricio Macri resolvió patear los pagos de la deuda de corto y mediano plazo, lo que se interpretó en el mercado como un “default técnico”.

En el texto publicado este viernes, la administración nacional reconoce que el reperfilamiento de los compromisos financieros “ha generado desequilibrios financieros en algunas jurisdicciones locales y condiciona el cumplimiento de las obligaciones”.

También se admite que no fue suficiente l “Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera” que se puso en marcha a fines de septiembre para asistir a las provincias con títulos de deuda afectados por la postergación del pago y que además “tuvieran dificultades para atender su déficit financiero y regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales”.

“La decisión que por este decreto se adopta contribuye al fortalecimiento de las autonomías de esos entes, a la sustentabilidad de sus esquemas fiscales y a su pleno funcionamiento”, aseguró el Poder Ejecutivo nacional.