“Lo que estamos presentando son más instrumentos para que la Justicia pueda desafiar a aquellos delitos graves que afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado y causando un daño en el tejido social. Proponemos una herramienta para que, además de condenar a los responsables de un delito, se pueda devolver tranquilidad a los vecinos, recuperar la inversión y cumplir con la finalidad de atacar el déficit habitacional que tiene el país”, explicó Silvia Elías de Pérez en los fundamentos de la iniciativa. 

 “Hablamos de las viviendas construidas por el Estado nacional o provincial que terminan siendo un centro de acopio, producción y de comercialización de estupefacientes, o es la fachada de delitos como la trata de personas o la explotación sexual o laboral. No solo se está cometiendo un delito en hogares construidos con fondos públicos, sino que también se perjudica a otros ciudadanos que realmente podrían acceder a la propiedad para hacer debido uso de ella”, agrega la senadora tucumana. “Son los vecinos los que están constantemente expuestos a los peligros del narcotráfico y la trata de personas, son ellos los que conviven con la inseguridad”. 

El proyecto se enmarca en la discusión legislativa reciente, en la que el Congreso debatió que los bienes que sean producto o se encuentren en situación de actividades ilícitas vuelvan al Estado. “Lo que solicitamos es que estos bienes inmuebles vuelvan al Estado para ser nuevamente adjudicados a quienes sí cumplen con los propósitos de la entrega”, afirmó la legisladora radical. 

Como contexto de la iniciativa presentada por Elías de Pérez, valga recordar que recientemente en San Miguel de Tucumán la Justicia Federal desbarató una banda narco que utilizaba tres viviendas del barrio Manantial Sur para estirar cocaína –reducir su calidad para multiplicar las dosis que llegan a los consumidores- que luego se vendía en varias ciudades de la provincia.