"La opinión pública hoy se encuentra conmovida por un fallo, cuyo contenido pertenece al Dr. Benjamín Sal Llargués, al cual adherí por su corrección jurídica", dice la nota y añade que "el texto de tal pronunciamiento ha sido aviesamente interpretado, atribuyéndole categorizaciones y expresiones discriminatorias que no contiene; pero sobre todo aislándolo de su complemento natural, que es el fallo de primera instancia, cuyas expresiones relativas a los hechos se toman, en la tarea del Tribunal de Casación, como circunstancias comprobadas a las que, por regla, cabe".

"Ante esta situación que roza el respeto que debe merecer la tarea judicial deviene necesario, con la mayor mesura admisible, adoptar la prudente actitud de alejamiento plasmada en este acto", expresa.

A continuación, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires deberá prestar su conformidad y enviar la dimisión al Poder Ejecutivo para que el gobernador Daniel Scioli la acepte mediante un decreto, con el que Piombo pueda acogerse a los beneficios jubilatorios.

Si el Ejecutivo acepta la dimisión, el polémico magistrado no podría ser sometido a un jury de enjuiciamiento para su eventual destitución, tras las denuncias presentadas por legisladores y por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Federación Argentina Lesbianas, Bisexuales, Gay y Trans (Falgbt).

Es que el artículo 59 bis de la ley que regula el procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados establece que la potestad de enjuiciamiento se extingue por la desvinculación del juez o funcionario acusado.

“No es lo ideal que haya renunciado, porque hubiésemos querido avanzar con el juicio político y separarlo del cargo. Pero lo cierto es que logramos el objetivo final, que es que Piombo no sea más juez”, dijo a Télam uno de los legisladores que lo denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento.

En un fallo que data de julio de 2014, Piombo y su colega de la sala I de la Cámara de Casación Penal, Benjamín Sal Llargués le quitaron el carácter de "gravemente ultrajante" a la condena que pesaba sobre el vicepresidente del Club Florida, Mario Tolosa, por considerar que el niño abusado tenía "una orientación sexual homosexual".

Así, le redujeron la pena de los seis años de prisión originales a tres años y dos meses, y Tolosa quedó en libertad tras cumplir dos años de cárcel.

En el polémico fallo, Piombo y Sal Llargués argumentaron: "Me afecta al respecto una insondable duda que tiene por base esa familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad se refiriera. En todo caso y a esa corta edad, transitaba una precoz elección de esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes podían (y debían) auxiliarlo en ese proceso".

El ministro de Justicia de Buenos Aires, Ricardo Casal, había considerado que el fallo “viola las leyes nacionales, las convenciones internacionales, y los derechos del niño lo viola de punta a punta”, y además había considerado que “culpa a la víctima y beneficia al victimario”.

Por ello, analizó que la renuncia de Piombo “es cerrar un paso triste para la Justicia, porque el resto de los jueces se sienten complicados en esta circunstancia porque la ciudadanía habla de la justicia en general, no de Sal Llargués y de Piombo”.

La semana pasada, Piombo también dimitió de su cargo docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), minutos antes de la sesión del Consejo Directivo de esa unidad académica en la que se iba a tratar un pedido de juicio académico y su suspensión.

La UNLP analizará mañana a las 8, en una reunión del Consejo Superior, la destitución definitiva del magistrado, con el objetivo de que no pueda volver a ocupar cargos en esa institución académica.

Darío Estévez, presidente de la Federación Universitaria de La Plata (Fulp) explicó hoy a Télam que “si bien nos alegramos por la renuncia del juez a su cargo, seguiremos adelante con este pedido ya que nosotros reclamamos que el magistrado sea destituido definitivamente de la UNLP y declarado persona no grata en el ámbito universitario”.

“Además, exigimos la realización inmediata de un protocolo de acción frente a miembros de la Universidad vinculados a la última dictadura cívico-miliar, ya que si bien el estatuto de esta casa de estudios dice que nadie vinculado a la dictadura puede dar clases, queremos que contar con mecanismos más claros para su implementación”, finalizó.

En tanto, Sal Llargués fue apartado como miembro académico del Consejo de la Magistratura, donde se desempeñaba desde hacía años elaborando y corrigiendo exámenes de los aspirantes.