Hoy será un día importante en la lucha que lleva adelante Catamarca y otras cinco provincias que reclaman la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que -a mitad del año pasado- derogó el Fondo Federal Solidario (FoFeSo), también conocido como fondo sojero.

Como parte del proceso iniciado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Provincia asistirá a una audiencia convocada por el máximo tribunal -que se extenderá hasta mañana- en la que tanto el Estado nacional como las seis provincias esgrimirán los argumentos para defender su posición.

 
A la audiencia, prevista para las 10, asistirán la gobernadora Lucía Corpacci, el Asesor General de Gobierno, Pablo Gallardo, el Fiscal de Estado, Carlos Bertorello y el ministro de Hacienda y Finanzas, Sebastián Véliz.

De acuerdo con lo establecido por el máximo tribunal, Nación contará con 40 minutos para exponer su posición, mientras que las provincias contarán con 15 minutos. En el caso de Catamarca, los encargados de exponer serán Pablo Gallardo y la propia gobernadora.

En diálogo con LA UNION, Gallardo explicó que más allá de la cuestión de fondo, es decir la inconstitucionalidad o no del DNU 156/18 que eliminó el FoFeSo, lo que solicitará la provincia en la audiencia es que se haga lugar a la cautelar presentada por Catamarca en la que pide que se restituyan los fondos que le fueron detraídos a la Provincia hasta que el máximo tribunal dicte una sentencia definitiva. “Vamos a pedir que se haga efectiva la medida cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo porque desde el 24 de agosto que no estamos percibiendo el fondo (sojero). Lo que se pide es que se restituya a la Provincia todo lo que dejó de percibir por la derogación del Fondo Federal Solidario que se detrajo inconstitucionalmente en virtud del DNU 156/18”.

 
Consultado por el monto que Catamarca reclama, el Asesor General de Gobierno indicó que “el año pasado se dejó de percibir de agosto a diciembre aproximadamente 250 millones de pesos y más lo que va de este año, más el interés, estamos cerca de los 1000 millones de pesos”.

Además de Catamarca, se convocó a las provincias de Chubut, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que también iniciaron acciones en reclamo de estos fondos

El planteo

A diferencia de lo que plantearon la mayoría de las demás provincias, Catamarca optó por presentar una acción declarativa de Inconstitucionalidad al considerar el DNU cuestionado  no observa lo dispuesto por la Constitución Nacional en cuanto a los requisitos para dictar dicho instrumento legal. Es decir, el Ejecutivo no pudo acreditar ni la “necesidad y urgencia” para dictar una norma de este carácter que es totalmente excepcional.

Además, señala que la Nación violó lo establecido en el Pacto Fiscal que firmó con las provincias en el que se estableció la continuidad del FoFeSo. Por lo cual el Ejecutivo nacional no puede de manera unilateral hacer modificaciones a ese instrumento que tiene carácter de intrafederal, ya que “viola principios jurídicos básicos en materia de federalismo que tutelan las relaciones de las provincias entre sí y entre estas y el Estado nacional, al atacar el derecho intrafederal, violando el Pacto Fiscal de manera arbitraria y unilateral”.

Desde la eliminación del fondo sojero, Catamarca dejó de percibir aproximadamente 1.000 millones de pesos.

Posibles escenarios

En la audiencia pueden darse diferentes escenarios y resultados. El primero, quizás el menos probable, es que el Estado nacional reconozca que Catamarca tiene razón y acceda a devolver los fondos que no envió a la provincia desde que entró en vigencia la derogación del fondo sojero.

También, puede suceder que el Gobierno nacional presente una propuesta que la Provincia evalúe si les es conveniente o no. Y, por último, puede suceder que que las partes no concilien sus pretensiones y el procedimiento continúe hasta que haya una sentencia definitiva o más adelante, las partes arriben a algún acuerdo. En los casos de que no haya acuerdo, la Corte deberá resolver si hace lugar o no a la cautelar solicitada por la Provincia de que se restituyan los fondos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.