El conflicto se inició cuando el contrato de locación llegó a su final y la empresa estatal no desalojó el inmueble en el plazo establecido. Al mismo tiempo, el dueño de las oficinas ya había firmado otro contrato de alquiler, que no se pudo concretar debido a que CAMYEN no desocupaba el inmueble.

Esta situación generó la rescisión del contrato con el nuevo locatario, generando un daño al propietario del inmueble, que accionó contra la empresa estatal.

Finalmente ayer, la Justicia civil falló contra CAMYEN y la condenó a “abonar 2.580 mil pesos, actualizada conforme interesa correspondientes a la tasa activa que publica el BNA, el que deberá aplicarse mes a mes sobre la correspondiente mesada locativa y por el plazo estipulado en el contrato, hasta su efectivo pago”.