Así los dispuso la Procuradora Fiscal de la Nación, Laura Monti, que sostuvo que en el diputado de Red Argentina  "no se obsreva la afectación de un interés suyo personal, directo y concreto".
Fuentes judiciales recordaron que el dictamen de la procuradora no obliga a la Corte Suprema de la Nación, que interviene ante el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) contra el fallo de segunda instancia que reconoció “legitimación procesal” a Solá.

El ex gobernador bonaerense promovió una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 1206/2016, pero para Monti “no se observa la afectación a un interés suyo personal, directo y concreto”, que lo habilite para formular el reclamo.
Solá invocó su condición de “ciudadano”, pero para Monti es “insuficiente” como para que pueda ser demandante, porque se confunde “por su notable generalidad” con el interés que podrían tener el resto de la población encuadrado en esa misma calidad.

El DNU amplió la Ley 27260 (de Sinceramiento Fiscal), que en su artículo 83 no incluía entre sus beneficiarios a los familiares de funcionarios.
En su dictamen Monti aclaró que su opinión “no implica abrir juicio” sobre la constitucionalidad del DNU.