Temprano esta mañana a las 6:00  (3:00 de la madrugada en Argentina) abrieron los centros de votación en la República de Irlanda para que su electorado, de unos tres millones de personas, decida mediante el voto si se legaliza o no el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El recuento de los sufragios comenzará el sábado por la mañana y las primeras estimaciones sobre los resultados podrían llegar a mediodía. Se espera que el resultado final sea anunciado entre las 15 y las 17 (pasado el mediodía en nuestro país) de ese día. En caso de que triunfe el "sí",será el primer país que apruebe el matrimonio homosexual por voluntad popular.

Las encuestas realizadas en Irlanda, un país con una población mayoritariamente católica, indican que los defensores del matrimonio homosexual impondrían su voluntad. Sin embargo, quienes se oponen ganaron terreno durante las últimas semanas yexiste un importante número de indecisos.

En la boleta, el electorado deberá contestar con un "sí" o un "no" a la propuesta del Gobierno irlandés, de coalición entre conservadores y laboristas, sobre si el "matrimonio puede ser contraído de acuerdo con la ley por dos personas sin distinción de su sexo". 

Esa es la frase que el Ejecutivo, que cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas nacionales, quiere añadir al artículo 41 de la Carta Magna para proteger constitucionalmente los derechos de la parejas del mismo sexo y equipararlos a los de los matrimonios convencionales. 

Por su parte, los opositores, entre los que figuran grupos antiabortistas, ultraconservadores y la Iglesia católica, sostienen que estas unionesatentan contra los valores de la familia tradicional y que modificarán radicalmente los procesos de adopción y de maternidad subrogada, al tiempo que erosionarán los derechos del menor. 

La República de Irlanda promulgó en 2010 la ley de Relaciones Civiles que, por primera vez en este país, concedía reconocimiento legal a las parejas de hecho del mismo sexo, pero elude calificar a esas uniones de "matrimonio" y, por eso, carecen de protección constitucional.