Miembros de la comunidad testificaron que la fuerza de seguridad avanzó sin orden judicial y por indicación del gobernador, Juan Manuel Urtubey, contra mujeres y niños, también que detuvo a menores de edad.

 
La comunicadora y militante de Nuevo Encuentro Maira Lopez explicó en las redes sociales que “los efectivos no tenían orden judicial”. Además, desde el lugar los comuneros diaguitas dijeron: “Resisten la usurpación de la bodega Puna en territorio ancestral, relevado previamente y en pleno ejercicio de la aplicación de la ley 26.160”.

Mediante un comunicado, la comunidad establecida a 9 kilómetros de Cachi apuntó: “La familia Montero, supuestos dueños de la bodega Puna aparecieron hace un par de años con millonarios recursos del Estado en territorio comunitario acaparando la zona de riego; la obra comunitaria de agua de red y quitando fuentes de trabajo”.

Finalmente destacan: “Ahora intentan avanzar con la zona sin riego (de viviendas; secado; corrales;pastoreo y sitios sagrados)”. Y piden a la justicia terminar con los atropellos de esa bodega a la que califican de “ursupadora”.