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8 de enero de 2019
Autorizan a las fuerzas de seguridad a hacer escuchas en casos de delitos graves
La Policía Federal podrá implementar tal herramienta en la resolución de secuestros o casos de narcotráfico. Necesitarán una orden del juez para proceder.
La Corte Suprema de Justicia habilitó a la Policía Federal a realizar escuchas telefónicas en casos de narcotráfico, secuestros y otros delitos graves. Se estima que demás fuerzas federales como Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también serán incluidas en la medida.
Si bien, hasta el momento, las escuchas se hacían desde las oficinas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco, ex-OJOTA), dependiente del máximo tribunal de Justicia, como consecuencia del aumento de los delitos de alta complejidad se decidió que los sistemas de intervención se instalan en las sedes de las fuerzas, para actuar con mayor rapidez.
A raíz de esto, la Corte autorizó locutorios para escuchas en la sede de la PFA y hará lo mismo con Gendarmería, Prefectura y PSA, solo para los casos de delitos graves. Con esta medida se espera que se agilicen las actuaciones de las fuerzas en este tipo de casos. De todas formas, las escuchas sólo se podrán llevar adelante con la autorización de un juez.
Tras esta medida, once equipos fueron puestos a disposición en el Departamento Central de la Policía Federal y se espera que la habilitación se extienda a otras fuerzas, cuando así lo disponga el máximo tribunal, según consignó Clarín.
En abril del año pasado el Gobierno había acordado con la Corte que las captaciones telefónicas siguieran a cargo del máximo tribunal, después de que el Ejecutivo ofreciera que el manejo volviera a la Procuración General de la Nación, a cargo Eduardo Casal, y en pleno conflicto por la filtración de las grabaciones de llamadas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.
La oficina a cargo de las escuchas había pasado al máximo tribunal por orden del presidente Mauricio Macri, ya que antes estaba a cargo de la Procuración -en ese momento a cargo de Alejandra Gils Carbó, vinculada con los K- y de los servicios de inteligencia.
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