Cristina Fernández seguiría acusada como principal responsable de un sistema de recaudación de coimas por casi 70 millones de dólares. Antes de fin de año, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi respaldarían la entidad probatoria de los cuadernos y convalidarían las principales medidas del juez federal Claudio Bonadio.

La investigación sobre los registros del chofer Oscar Centeno quedaría a un paso de ser elevada a juicio oral y público. Según consignó el diario La Nación, la Sala I de la Cámara Federal, que interviene en la causa a cargo del juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, resolvería confirmar los procesamientos dictados contra la ex presidenta, el ex ministro Julio de Vido, el ex secretario José López, el ex subsecretario Roberto Baratta, el empresario Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens, entre otros.

 
De acuerdo con el diario Clarín, Cristina sería también formalmente acusada de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cobrar coimas en cinco casos. Sólo en su domicilio de Uruguay y Juncal se habrían realizado 87 entregas de fondos ilegales.

Sin embargo, el tribunal revisor también estudia modificar la situación de algunos empresarios que pagaron coimas, otorgar la libertad condicional a los ex funcionarios de menor rango que sólo oficiaron de mensajeros y separar de la causa de Bonadio a algunos procesados, como el ex juez Norberto Oyarbide.

La decisión en torno de los empresarios los dividiría en dos grupos. Por una parte, formarían parte de la asociación ilícita los que habrían pagado de manera sistemática y habitual para obtener un beneficio. Es el caso de Wagner y Clarens. Por otra parte, quedarían fuera de la organización delictiva quienes sólo habrían registrado pagos aislados. En este segundo grupo se encuentran, entre otros, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra, primo del presidente, Mauricio Macri. Estos empresarios sólo quedarían procesados por cohecho activo y dádivas.

La Cámara Federal revisaría sólo estos procesamientos y dejaría para más adelante las situaciones del ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina, los integrantes de La Cámpora, el CEO de Techint, Paolo Rocca, y otros empresarios del transporte indagados en las últimas semanas.

Además, según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el fallo tiene un componente especial: si la confirmación de un eventual procesamiento de Cristina renueva los reclamos de un pedido de desafuero, tal como lo dejó supeditado Bonadio en su fallo de mediados de septiembre.

De esta manera, la decisión de llevar a Cristina a juicio oral quedaría en manos de Bonadio, quien resolvería hacerlo en mayo del año que viene.