La jueza María Servini dispuso enviar a juicio oral y público a tres hijos del dirigente socialista Luis D’Elía, acusados de ocupar cargos en la ANSeS durante el gobierno de Cristina Kirchner sin tener título secundario, requisito mínimo que prescribe la ley. Además, se les trabó un embargo de 12.500 pesos sobre bienes y dinero de los procesados.

El juicio estará a cargo de Sergio Torres, quien deberá definir por la acusación contra Facundo Nahuel, de 30 años, Pablo Emanuel (32) y Luis Ignacio D’Elía (23). El artículo 253 del Código Penal que prevé penas de “multa de 700 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años” para el funcionario público “que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”. En junio del año pasado, Servini los había procesado sin prisión preventiva.

Además, también se ordenó el procesamiento de  Julio César Casavelos y de Paula Sabrina Torres, quienes deberán responder por el delito de proposición o nombramiento para un cargo público de quienes no cumplían los requisitos legales, “al haber suscripto los contratos de trabajo a plazo fijo de los nombrados D’Elía en sus condiciones de Gerente General de Recursos Humanos y Gerente de la Gerencia de Administración de Personal y Relaciones Laborales de la ANSeS respectivamente”.

La jueza Servini había citado a indagatoria a Diego Bossio y a Carlos Tomada, al encontrarlos partícipes de las medidas administrativas que posibilitaron que los hijos de D´Elía sean nombrados en el organismo, ya que fueron quienes firmaron las designaciones en los tres casos.

La causa se inició en 2014 a partir de una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por irregularidades cometidas en el ingreso de los tres a la Anses en 2008. Servini había archivado la causa, pero se reabrió por insistencia del fiscal Germán Moldes.

D’Elía polemizó cuando sus hijos fueron despedidos con el cambio de gestión. Aseguró que tenían título secundario y que los echaban “por el delito” de ser sus hijos. Ahora fueron procesados y embargados pero por un delito previsto en el Código Penal.

Lo cierto es que en el fallo de la jueza se planteó que al momento del ingreso de los tres hijos del dirigente a la Anses estaba vigente el Convenio Colectivo de Trabajo, actualizado ese mismo año, que preveía como condición la tenencia de título secundario.