El fiscal federal Franco Picardi pidió dictar un embargo de 1.000 millones de pesos sobre las empresas que intervinieron en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, ya que se sospecha del pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht. El pedido de embargo incluye a hombre de negocios como Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y que era dueño de la firma IECSA al momento de los hechos.

En la actualidad, esa compañía está en poder del empresario Marcelo Midlin. Además, la fiscalía reclamó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi disponer la intervención judicial de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Odebrecht, IECSA, Ghella y Comsa S.A.

La solicitud incluye un pedido para designar un veedor en la UTE para establecer un control sobre la administración. El pedido fiscal se suma al que ya había hecho en noviembre del año pasado reclamando embargos, algo que finalmente el juez aún no concretó, y mientras en la actualidad se están llevando a cabo indagatorias que durarán hasta fines de octubre.

La investigación apunta a determinar si existió el pago de sobornos por parte del consorcio que encabezó Odebrecht y que también integró IECSA, Ghella y Comsa S.A. para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, cuya licitación se inició en 2006. Para la Fiscalía existió un "direccionamiento" para la adjudicación de las obras a esas empresas.

Además de "modificaciones" en el contrato original a favor del consorcio, detrás de lo que se esconden los supuestos sobreprecios. Según la investigación, los sobornos se pagaron a través de la empresa CAESA de Manuel Váquez, exasesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, además de desembolsos provenientes de empresas "offshore", radicadas en el exterior.