Desde cuatro computadoras ubicadas, dos en La Banda y las restantes en jurisdicción de la ciudad de Añatuya, fueron subidas a sitios de internet, fotos de niños con el aparente objetivo de ser explotadas con fines sexuales. Los hechos fueron descubiertos por el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Icmec), una ONG con asiento en los Estados Unidos que lidera un movimiento mundial para proteger a los niños contra la explotación sexual, la sustracción y el secuestro. Mediante su sistema de detección digital de la web, identificaron los IP de los equipos desde donde se subieron las imágenes y determinaron que están en las ciudades santiagueñas mencionadas. Inmediatamente enviaron la información al Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que a su vez trasladó los datos al Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero con quien tiene un convenio de colaboración para este tipo de casos. "Una vez que fuimos informados, pusimos en marcha el protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca que funciona para casos de detección de uso de pornografía infantil",

confirmó el fiscal general doctor Luis De la Rúa a EL LIBERAL. "Efectivamente se trata de dos casos de La Banda y dos de Añatuya, que en estos momentos son materia de investigación", remarcó. El titular del MPF local fue prudente al referirse al tema. "Hay que ir con cuidado y precisión, se debe hacer un trabajo minucioso y esperar los resultados para poder determinar si realmente se trata de acciones que configuran delitos contra los menores", explicó. Los fiscales santiagueños ya habían recibido el año pasado un caso idéntico en La Banda que podría tener relación con los que hoy se conocen. Al tratarse de hechos que involucran a menores, la información enviada desde la ONG estadounidense llegó a la Argentina encriptada y con clave secreta para que sea manejada por el fiscal que tendrá a su cargo la investigación. Allí se encuentran los datos de la IP de las computadoras, el material subido a la web y los datos del o de los sitios que los alojaron. El MPF local tiene en vigencia una red de puntos de contactos y enlaces con fiscales a cargo para ocuparse del análisis y las acciones por seguir, según un protocolo para este tipo de delitos que se castiga con una pena de hasta cuatro años de prisión.

FUENTE: El Liberal