La Sala II de la Cámara Federal dicto la falta de mérito para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del exsecretario de Coordinación  Roberto Baratta, quien recuperará así la libertad en las próximas horas.

Los jueces Jorge Ballestero y Martín Irurzun dictaron la falta de mérito de los dos exfuncionarios, y el tercer juez, Leopoldo Bruglia, votó en disidencia.

De Vido continuará detenido porque tiene prisión preventiva en otra causa, en la que se investiga un presunto caso de corrupción en la mina de Río Turbio.

De esta manera, la Cámara por mayoría revocó el fallo de primera instancia del juez Claudio Bonadio, quien había procesado a los ex funcionarios tras un peritaje que estableció que se aprobaron compras, entre 2008 y 2015, con sobreprecios de US$7000 millones.  

La compra de gas líquido era a través de Enarsa y el fluido era regasificado en las plantas de Ingeniero White, en la zona de Bahía Blanca.

Los exfuncionarios están acusados de haber participado en una “maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la  importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008  a 2015, ambos inclusive, por el Ministerio de Planificación  Federal”, a través de la cual “se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado” de aproximadamente 6.995 millones de  dólares, “pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado”, sostuvo Bonadio.

Aunque ahora la Cámara le pidió profundizar la investigación y  el voto en mayoría cuestionó el peritaje que realizó el experto David Cohen.

“Comparó el precio del gas natural en estado gaseoso, seco con el del gas en su estado líquido” y “si bien su composición puede ser la misma, su diferente estado y la incidencia de los procesos para arribar a Úl, determina que no pueda existir comparación posible”, señaló en su voto Ballestero.

También dijo que comparó los precios del gas licuado una vez efectuada las compras con aquel período temporal en que la materia llegó a la Argentina: “La compra de un producto de por sí  costoso, de alto riesgo, de vital significación y de importante demanda, para cuya adquisición se requiere de la evaluación de  diferentes variables”, dijo el camarista.

“Por un lado, varias defensas demostraron ante el Tribunal que muchos de los pasajes del informe de David Cohen eran copia literal de diferentes documentos obtenidos de Internet y no me refiero con ello a sitios web de revistas especializadas que la comunidad científica consulta y que atesora con mezquindad. Me refiero a páginas de libre acceso y consulta, dirigidas al público en general, con el rigor académico que ello supone”, dijo Ballestero.

En 2014 se inició la causa con el requerimiento del fiscal Carlos Stornelli para investigar “las presuntas irregularidades en  la adquisición de gas licuado natural en el período comprendido entre el año 2008 y la actualidad”.

En total, fueron tres las denuncias hechas: dos de un abogado particular y otra de entonces opositores del PRO como el senador Federico Pinedo, la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la titular de la Oficina Anticorrupcion Laura Alonso.