El capítulo argentino del Lava Jato, el escándalo internacional por corrupción en la obra pública que puso en la mira a la constructora brasileña Odebrecht, ahora apunta al corazón de la “patria contratista” local: dos de sus más fuertes representantes, Aldo Roggio y Carlos Wagner, quedaron en la órbita judicial por decisión del juez Sebastián Casanello, que este lunes recibió declaración escrita del primero y se espera que este martes haga lo propio el segundo, ambos acusados de irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras de AySA.

El magistrado citó a ambos empresarios a indagatoria en base a comunicaciones del Banco de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil, dirigidas a Odebrecht y a Camargo Correa, anticipando el financiamiento de las obras de AySA antes de que la empresa estatal de aguas hubiera llamado a una licitación pública.

Para ello, Odebrecht se asoció con Roggio, Supercemento y José Cartellone Construcciones, mientras que Camargo Correa se alió con Esuco, cuyo titular es Wagner, ex presidente de la cámara argentina de esa actividad. Tanto Roggio, a cuyo grupo pertenece la concesionaria de Subterráneos de Buenos Aires, Metrovías, como Wagner, tienen inhibidos sus bienes.

La semana última Casanello indagó a otros sospechosos en la causa, directivos de las constructoras Cartellone y Supercemento, además de tomar declaración a varios funcionarios involucrados, entre ellos Carlos Ben, ex presidente de AySA, y Raúl Biancuzzo, su segundo. La investigación se centra en cómo estas compañías obtuvieron dos licitaciones paralelas para la construcción de plantas potabilizadoras de agua en Tigre y en Berazategui.

Estaría probado, según fuentes judiciales, que esas maniobras fueron digitadas y armadas para que ambos grupos se quedaran con los contratos.