El funcionario provincial explicó que tras el acuerdo alcanzado entre el Intendente Ariel Ojeda y los trabajadores en la madrugada de hoy, éstos asumieron el compromiso de reiniciar mañana las actividades normales en la comuna y levantar la carpa instalada frente a Casa de Gobierno. En tanto que la Municipalidad se compromete a no aplicar sanciones por los aproximadamente 20 días que los municipales no prestaron servicio efectivo. No obstante ello, se descontarán los días no trabajados en cuotas mensuales que no superarán en ningún caso los 300 pesos, para morigerar el impacto de dicho descuento, hasta alcanzar el monto total.

Asimismo, las partes acordaron respetar la decisión que tome la Justicia con respecto a las sanciones aplicadas por el Municipio en el inicio del conflicto, el pasado 25 de abril, debido a las presentaciones judiciales previamente realizadas.

“Fue una tarea muy ardua. Para poder resolver el conflicto las dos partes cedieron en sus aspiraciones. Y nuestro rol fue mediar para generar las condiciones para que las partes en conflicto puedan llegar a un acuerdo”, señaló Aguirre, al tiempo que indicó que además del Ministerio de Gobierno y Justicia a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, también participaron de las conversaciones para acercar posiciones entre las partes María Luisa Moreno, delegada del INADI en Catamarca, Tiana Tarifa Acosta, delegada de Derechos Humanos de la Nación en la provincia, y Daniel Lavatelli, asesor que cumple funciones en la citada cartera provincial.

A su vez, aclaró que el Gobierno provincial “no tiene competencia para poder resolver un conflicto de naturaleza municipal, ya que la decisión sobre los aumentos salariales o la aplicación de sanciones administrativas corresponde al Intendente”. En ese sentido, recordó que desde la Provincia este año se reiteró a los jefes comunales que debían acordar los aumentos salariales en sus jurisdicciones en función de los recursos con que cuenta cada municipio.

Además, Gustavo Aguirre consideró que la mediación que se requirió para destrabar el conflicto en El Alto fue excepcional, ya que en las demás comunas catamarqueñas la discusión salarial se llevó adelante localmente.

“Fue algo muy excepcional, y desde el Gobierno creemos que es necesario que estos temas se resuelvan en el ámbito local en cada municipio. Lo más sano para todos los actores involucrados es que los intendentes se sienten a conversar con los gremios, con los trabajadores, y resuelvan estas discusiones de manera democrática, respetando los derechos de cada uno, y entendiendo que todos los años vamos a tener que convivir con este tipo de negociaciones y que no hay que personalizarlas”, finalizó el funcionario provincial.