Las pretensiones de Odebrecht, tal como fueron planteadas, serán rechazadas. De esta manera lo resolvió el Gobierno tras analizar el escrito que presentó la gigante brasileña el pasado martes. La empresa pretende no ser perseguida por la Justicia y seguir trabajando en el país a cambio de ofrecer detalles sobre los sobornos. Si bien el canal de negociación continúa abierto, el Poder Ejecutivo evaluó que la propuesta de la firma no es legal ni conveniente.

"El problema mayúsculo de la oferta de la empresa es que no tenemos marco normativo para aceptarlo", señaló ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano. Las reuniones con Odebrecht seguirán la semana que viene, mientras el oficialismo atiende distintos frentes. El Gobierno también debe calcular cuál es el resarcimiento que la empresa debería pagarle al Estado por los daños causados por las coimas y explorar nuevos caminos legales para que la gigante brasileña brinde datos de los sobornos.

Para sostener su estructura económica, en tanto, Odebrecht busca que el gobierno de Mauricio Macri lo habilite a continuar con las obras que están en marcha en la Argentina. Por ahora, el Gobierno le hizo un paréntesis a este punto.

"Revisaremos contrato por contrato para ver si existen irregularidades. Por ley, sólo si hay alguna falta podemos rescindir un proyecto; caso contrario, se necesita una orden judicial", indicó Garavano a La Nación, que comanda los diálogos con la empresa brasileña a pedido de Macri.

Por otra parte, el encargado de auditar los contratos de Odebrecht será el nuevo procurador del Tesoro nacional, Bernardo Saravia Frías, que ya solicitó los expedientes a los ministerios que tienen obras con Odebrecht: Interior, Transporte y Energía. Pondrá la lupa, sobre todo, en los proyectos judicializados, como el soterramiento del Sarmiento y las plantas potabilizadoras de Aysa.

Cabe destacar, que ya existe un antecedente de rescisión de contratos con Odebrecht. El Ministerio de Energía, en febrero, dio de baja el proyecto por la segunda ampliación de los gasoductos del Norte. Lo decidió luego de que distintos organismos de control detectaron presuntos sobreprecios e irregularidades contables, sin esperar a ninguna decisión judicial.