Victoria Donda, legisladora del partido Libres del Sur, presentó una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri acusándolo del "delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" tras el decreto firmado la semana pasada por el mandatario, que permite ingresar al blanqueo de capitales a familiares de funcionarios.

Donda y sus compañeros de bancada de Libres del Sur, Federico Masso y Graciela Coussinet, presentaron una denuncia penal ante el Tribunal Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, por "la posible comisión del delito de Abuso de Autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, consagrado en el artículo 248 del Código Penal".

El comunicado de prensa menciona que el decreto 1206/2016 firmado la semana pasada por el presidente Macri, su jefe de Gabinete Marcos Peña y su ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay -quien alguna vez fuera aliado de Donda en el extinguido Frente UNEN-, "contradice explícitamente la Ley 27260 que aprobó el Congreso con relación al blanqueo de capitales, porque prohíbe el ingreso de familiares al mismo".

"Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación", mencionó Donda.

"Nos dejó boquiabiertos a todos los legisladores que participamos de los debates, ya que se incluyó la prohibición por explícito pedido del diputado Felipe Solá (del Frente Renovador), quien con toda razón sospechaba que el blanqueo podía abarcar a funcionarios de este o el anterior gobierno que hubieren evadido impuestos o fugado dinero mal habido", agregó.

"Esperamos que el Juez Lijo de lugar a la denuncia, ordene la derogación del decreto e investigue las razones por las que se dictó. Los argentinos honestos estamos cansados de escuchar discursos que plantean una falsa moral y una ética mentirosa que sólo se aplica para las campañas electorales y los adversarios políticos. Queremos enfrentar la corrupción en serio, sin importar de qué partido político sean los corruptos o evasores", finalizó.

El artículo 248 del Código Penal plantea textualmente: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".