El ex presidente de River Plate Daniel Passarella, junto a otros ex directivos de su gestión, empleados del club e integrantes de la barra brava "millonaria" fueron procesados por la presunta comisión de los delitos de "defraudación por administración fraudulenta" por reventa de entradas.

El juez de instrucción del juzgado 10, Fernando Mario Caunedo, dispuso trabar embargo por casi 2 millones de pesos para cada uno de los procesados entre los que aparece, además de Passarella, el ex vicepresidente, Diego Turnes; el ex secretario general, Daniel Bravo; y el ex tesorero Daniel Mancusi.

Además también figuran en la lista de denunciados el ex encargado del departamento de socios, Gustavo Poggi; el ex vocal Eduardo Rabuffetti y varios bravas, entre ellos Alberto Martín Araujo, alias "Martín de Ramos"; y Héctor Guillermo "Caverna" Godoy.

La imputación alcanza también a los barras Matías Goñi y José Uequín; y los oficiales Alejandro Rivaud, Alejandro Hayet y Andrés Montinero, quien era el gerente de la empresa Top Show que se encargaba de la venta y el canje de entradas.

La causa se inició el 23 de junio de 2012 cuando un socio abonado a la platea San Martín Media fue a ocupar los asientos que les correspondían en el estadio Monumental para ver el partido entre River y Almirante Brown, por la B Nacional, y se encontró con que uno de ellos ya estaba ocupado.

La persona que ocupaba la platea justificó su presencia con el ticket que había comprado en la reventa, lo que generó una denuncia de parte del socio que había canjeado su entrada como lo pedía el club, por lo cual que presentó una denuncia que dio comienzo a una investigación.

En 2013, el fiscal José María Campagnoli había pedido el allanamiento de las oficinas del estadio y del domicilio de Passarella y Turnes, a raíz de la referida denuncia, que los acusaba del delito de estafa a los socios en el marco del negocio de la reventa de entradas.

En febrero de 2015, el juez de instrucción Fernando Caunedo citó a declarar a Passarella y al resto de los involucrados, al tiempo en que trascendieron escuchar telefónicas que daban cuenta de la existencia del delito y que complicaron al ex presidente.

Así las cosas, hoy se conoció la decisión del procesamiento de Passarella y del resto de los involucrados, a quienes podría caberles la pena prevista en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, que establece de un mes a seis años de prisión.

El articulo advierte esa pena a quien o quienes "tuvieran a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos".

Los implicados, que hasta hoy figuraban en la causa como imputados, ahora pasan a ser procesados y sus bienes serán embargados los bienes porque el juez entiende que hay pruebas suficientes para avanzar en la causa, que seguramente desembocará en un juicio oral.