"Logramos cerrar el circuito", sostuvo ayer Casanello en una improvisada conferencia de prensa en la puerta de su juzgado. Estaba previsto que comparta la conferencia con el fiscal Marijuan, pero la decisión del presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, de no permitir el uso de una sala de audiencias enfureció al juez y cambió los planes. Finalmente, hubo dos declaraciones por separado.

Primero fue el turno del fiscal, quien dio detalles de la maniobra de lavado, por la que ya fueron procesados Báez y su abogado Jorge Chueco, entre otros. "Se llevaba el dinero a Suiza y se reingresaba al país por una supuesta venta de bonos", dijo, y destacó la compra de propiedades como otra forma de blanquear.

El circuito del dinero arrancaba con las cuentas radicadas en Suiza y luego era transferido a una cuenta de Helvetic Service Group (HSG), del empresario Marcelo Ramos, para terminar reingresando al país a través de la compra venta de bonos. La liquidación de esos bonos en el mercado de Rosario "permitió incorporar una cuantiosa suma de dinero al patrimonio de Austral Construcciones S.A., de modo tal de culminar con el ciclo de blanqueo de dinero que comenzó con la clandestina expatriación de grandes sumas de dinero", sostuvo Casanello en su fallo.

Helvetic habría recibido un mandato a partir de 2011, por parte de la Fundación Kinsky, radicada en Panamá, para canalizar dinero en las sociedades Austral Construcciones, por 20 millones de dólares, y Epsur SA por 5 millones. A su vez, la Fundación Kinsky presentaría como beneficiarios finales a los cuatro hijos de Báez. 

En su contacto con los medios, Casanello resaltó la "alegría y felicidad" que compartía con el fiscal por el avance de la investigación. También se encargó de desmentir nuevamente la supuesta reunión con la ex presidenta Cristina Kirchner en Olivos. Lo hizo pocas horas después que Báez ratificara su denuncia ante la Cámara Federal. El empresario aseguró que ese mismo día también estaba el entonces secretario general de la Presidencia Eduardo "Wado" de Pedro.

Además de las indagatorias de los hijos de Báez, a los que les inhibió los bienes y les prohibió la salida del país, Casanello ordenó la ampliación del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Chueco.

Pese a que la UIF pidió expresamente sus arrestos, por ahora los hijos de Báez no serán detenidos. Antes, el juez quiere determinar "qué rol tuvo cada uno" en el circuito del presunto lavado de dinero.

Todavía se desconoce el origen de los fondos que salieron del país, aunque Casanello sostuvo que "el juzgado habla de un fraude fiscal". Hay otros posibles delitos como el sobreprecio en la obra pública, investigado ahora por su colega Julián Ercolini.