El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, aseguró hoy que la policía no llevará "armas letales" para controlar la manifestación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de este miércoles.

En conferencia de prensa, Milman aseguró que los manifestantes "podrán movilizarse libremente" y que ninguna calle permanecerá cortada durante un tiempo prolongado, por lo que se respetará el flamante protocolo antipiquetes.

El protocolo establece que, ante una protesta "espontánea" o "programada" con cortes de ruta, las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Policía Federal o Prefectura) comunicarán la situación al ministerio de Seguridad nacional o a los ministerios provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, según la jurisdicción.

Los estatales podrán movilizarse libremente
Luego de ello "se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la justicia". Ante un resultado positivo o negativo, el jefe del operativo "impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz", de que "los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación".

Como elemento punitivo, se les advertirá que ante un incumplimiento se les aplicará las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción. El artículo 194 establece que "será reprimido con prisión de tres meses a dos años" el que "impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".

En caso de que los manifestantes no acaten la orden, "se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación".

También el Protocolo ordena que las fuerzas de seguridad federales y provinciales "deben garantizar la libre circulación de personas y bienes, sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales".

Dispone también que las fuerzas definen "con criterio objetivo la táctica a utilizar, con atención preferencial de personas que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad".