Una investigación del  juez federal Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Ramiro González vuelve a poner bajo la mira al Consejo de la Magistratura por presunta administración fraudulenta con fondos públicos en la adjudicación de obras para el Poder Judicial que están paralizadas y sobre las cuales se desembolsaron millones de pesos.

Esta se suma a otras denuncias sobre irregularidades en el manejo de fondos del Estado que implican a la Dirección de Infraestructura del Consejo y su anterior administrador, Germán Krieger, hombre de confianza del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti que fue desplazado por el kirchnerismo.

El fiscal González pidió investigar además al abogado Luis Alberto Devoto, ex titular de la Dirección General de Administración y Financiera de la Administración General y al contador Diego Martino de la Comisión de Preadjudicaciones.

El pedido incluye también al ex subdirector del área de Infraestructura Hugo Cayetano Lazzarini; al ex subdirector adjunto Carlos Jorge Susini Burmester; y al ex prosecretario letrado de la Secretaría General del Consejo Gabriel Saliva.

El infome presentado por Monner Sans hace referencia presiones a las que se habría sometido a profesionales para firmar certificados de obras que en verdad estaban paralizadas y también que se habrían desatendido advertencias sobre incumplimientos y demoras en los contratos de obra pública.

Una de las obras bajo la lupa es la del Centro Judicial de la Ciudad de Resistencia, en Chaco, otorgada a una empresa que no reuniría antecedentes necesarios para llevarla a cabo: sólo tiene un avance del 30 por ciento pero ya se pagó por el 60 por ciento del total.

La denuncia también hace referencia al expediente 10-25191/15 por el cual se informa a Juan Cubría, hijo de la jueza federal y actual administrador del Consejo de la Magistratura, sobre cuatro obras para el Poder Judicial que están paralizadas.