A través de la presentación busca impugnar y dejar sin efecto el aumento. El legislador entiende que la medida es arbitraria, ilegal y que "llevará a gran parte de la población a la indigencia o la pobreza". Además, consideró que se omitieron procesos legales, como la intervención del ENRE.

Según entiende el presidente del bloque de diputados del FV, la Resolución "provoca un quiebre social por la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios, donde las clases medias y más necesitadas resultan afectadas por la nueva disposición de recursos económicos para afrontar los pagos, sin la correlativa garantía de que el servicio funcionará en condiciones óptimas".

Además, el legislador agrega que el incremento del precio del servicio exige también "una regularidad en el pago por parte de las distribuidoras locales con escaso margen de mora, lo que redunda en un beneficio inaudito para CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA)".  En este plano considera que la Resolución es "benevolente a favor de la mayorista a costas de la sociedad toda, en una determinación totalmente absurda, irracional, arbitraria e ilegal".

Según explica en la presentación, la Resolución que dispone la modificación de los cuadros tarifarios para todos los usuarios no es más que "la aprobación del nuevo cuadro elevado por CAMMESA, lo que redunda en una violación del derecho del debido proceso, propiedad, razonabilidad, no arbitrariedad, igualdad y justicia".

En igual sentido, Argerich cuestionó la quita de subsidios a los usuarios del servicio y entiende que así "se despoja a la población de una importante cantidad de recursos económicos que anteriormente contribuían al mantenimiento familiar, provocando una pérdida real del poder adquisitivo de las familias, que dispondrán de menos recursos para la subsistencia".

Igualmente, consideró el diputado que "gran parte de la sociedad entrará en situación de indigencia o pobreza al tener menos recursos para cubrir sus necesidades básicas".

En ese sentido, explicó que con los nuevos montos un usuario que abonaba $500, ahora deberá pagar una suma aproximada de $2.500, lo que le provoca una pérdida en su capacidad económica de $2.000 "por la determinación de un funcionario nacional". De esta forma, comparó un posible incremento del 500% en la tarifa de energía con el tope de incremento salarial que plantea del Gobierno Nacional del 25%, y señaló que el aumento "no se puede considerar justo, lógico o razonable cuando la relación es de veinte a uno".

Por otra parte, en su presentación el diputado señala que se omitieron mecanismos y procedimientos legales como la intervención del Ente Regulador. "Toda modificación del régimen tarifario requiere de una convocatoria a Audiencia Pública efectuada por el ENRE, donde el Poder Ejecutivo Nacional debe presentar los argumentos que justifiquen el incremento con intervención popular directa, lo que se omitió flagrantemente, tomándose una determinación autónoma, ilegal, arbitraria y dañina para la sociedad en su conjunto que no tuvo oportunidad de ser oída", expresó.

Por último, Argerich señala su deseo de impugnar la Resolución "y procurar restablecer el equilibrio y las normas violadas"; por lo que solicita que se la deje sin efecto. "El Poder Judicial no puede ser cómplice del avasallamiento y convertirse en un acompañante más de las decisiones ilegítimas tomadas", aseguró.